Más allá de las ganas de atravesar con una espada el lomo de un animal o asaltar el Capitolio de cada cual, la suspensión de las cuentas en redes sociales de Trump o, más recientemente, del perfil en Twitter de Morante de la Puebla –en realidad de un seguidor del torero– son decisiones que abren un debate jurídico y social sobre la censura en redes sociales.
“La percepción de ingobernabilidad y riesgo de caos, así como el miedo que se propaga tan rápido como el coronavirus, favorecen que se difunda la idea de que necesitamos un Ciberleviatán que restaure el orden”, afirma Lasalle. “La pregunta que permanece en el aire es evidente: ¿qué habría sucedido si los líderes de estas compañías no hubieran alineado los intereses de las plataformas con los de la seguridad nacional?” Es difícil no sentir un escalofrío por la espalda al pensar en esa posibilidad.
estocada en twitter a morante de la puebla
En fechas recientes, la suspensión del perfil de un seguidor de Morante de la Puebla –en principio, se atribuyó al torero la propiedad de esta cuenta- ha vuelto a plantear este debate. Son distintos argumentos los que esgrimen los partidarios de decisiones de esta naturaleza, siendo los más habituales la consideración de las redes sociales como medios de información con líneas editoriales que les permiten decidir sobre sus contenidos y la existencia de unas condiciones generales de servicio, aceptadas por sus usuarios, que las habilitan para suspender cuentas que no las respeten.
Natalia Velilla, jurista y autora de “Así funciona la Justicia”, sale al paso del argumento según el cual Twitter, como empresa privada, tiene derecho a bloquear la cuenta de quien incumple las condiciones de uso de su plataforma, lo que ella llama el “derecho de las lentejas”. “Twitter –explica– es mucho más que una empresa privada que ofrece un entretenimiento o una difusión de contenidos. Es un foro público de titularidad privada, en el que cualquier persona puede convertirse en influencer, donde las instituciones como la Unión Europea o los Ministerios tienen cuentas oficiales y en la que se hace política y se generan noticias que posteriormente son recogidas en los medios de comunicación ordinarios. Dejar en manos de una empresa privada la decisión sobre el cierre de cuentas de forma unilateral bajo la premisa de considerar que subjetivamente se han incumplido las condiciones de uso es un peligro real para tratar de influir en corrientes sociológicas y en resultados electorales”.
Respecto a la idea de que estas plataformas actúan de la misma manera que los medios de información convencionales, Velilla considera que “no son medios de comunicación, sino espacios de intercambio de opiniones de sentido bidireccional. Son meras anfitrionas, no generadoras de contenidos, por lo que no puede atenerse a líneas editoriales o ideologías”. Así parecen considerarlo los propios medios de información que replican sus contenidos, algo que no hacen con otros soportes que ellos consideran sus iguales y, por tanto, competidores.
una guerra de denuncia y censura
En esta línea también se manifiesta Borja Adsuara, experto en Derecho, Estrategia y Comunicación Digital para quien «resulta descorazonador ver cómo la mayoría de la gente está a favor de la censura (de lo que no le gusta, aunque sea legal)». El experto cree que “si nos apartamos del criterio de legalidad, las redes sociales podrán borrar lo que les dé la gana. Las políticas y normas de Twitter no deberían estar por encima de las leyes y los derechos fundamentales. Asistimos a una guerra muy peligrosa de denuncia y censura de lo que no nos gusta”.
«Lo mismo que hicieron con Trump, podían haberlo hecho o podrán hacerlo con Biden. Y si eso lo hicieron con el aún Presidente de EEUU, imagina lo que pueden hacer con el resto de los mortales, contigo y conmigo», se pregunta Adsuara.
Por ello. no deja de sorprender que estas medidas sean celebradas desde el espectro político más progresista y liberal cuando podría interpretarse como la materialización del sueño más lúbrico del neoliberalismo: decisiones sobre derechos humanos -el derecho a la libertad de expresión- tomadas por corporaciones privadas sin ningún tipo de control ajeno a ellas.
El caso, es que decisiones como la última de Twitter con el perfil del fan de Morante de la Puebla nos vuelven a confirmar que vivimos días extraños en los que, mientras la ciudadanía desconfía de sus instituciones, acepta, como si estuvieran escritas en piedra, las condiciones de uso de estos nuevos entes supranacionales que son Google, Facebook o Twitter. Al mismo tiempo que adopta una actitud crítica ante sus leyes, admite sin rechistar las caprichosas reglas de las grandes empresas de internet.
Sin embargo, con todas sus deficiencias, los estados y gobiernos –los democráticos- nacen de la voluntad y la acción de la ciudadanía y están sujetos a su control a través de distintas instituciones como la justicia o la prensa libre. ¿Podemos decir lo mismo de las grandes compañías de Internet? ¿Debemos cederles aún más poder sobre nuestras vidas o deberíamos impulsar un mayor control de su actividad por parte de los estados nacionales o entidades estatales supranacionales?
Son preguntas que quedan en el aire, ese mismo aire en el que resuenan los mugidos agónicos de un animal que se desangra en el centro de un ruedo o el que aviva el fuego de un artefacto incendiario dirigido hacia la sede de la soberanía popular.