Este verano, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha puesto en marcha una consulta pública, abierta hasta el pasado 30 de septiembre, sobre la ‘Estrategia Digital para una España inteligente’, para recabar las aportaciones que puedan proporcionar las organizaciones sociales, empresas de diferentes sectores, consumidores y usuarios, universidad, Administraciones Públicas y particulares para la transformación digital de nuestro país.
El objetivo del Gobierno es crear un espacio de diálogo permanente con el número más amplio de representantes de la sociedad para, entre todos, diseñar una hoja de ruta digital para nuestro país, apoyándose en los resultados obtenidos en la actual Agenda Digital para España, actualizando su contenido y abordando los nuevos retos aparecidos en los últimos años, para que la transformación digital sea eficaz, productiva, inclusiva y solidaria.
CONECTIVIDAD y transformación digital
Sin duda, la gran fortaleza de España es la disponibilidad de conectividad. Según El Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) elaborado por la Comisión Europea para medir los avances en el ámbito digital de los países del bloque comunitario, España ha logrado progresos significativos, gracias sobre todo al gran aumento de las conexiones rápidas de banda ancha fija. Concretamente, la cobertura de banda ancha de nueva generación (NGA) y la red 4G están bastante por encima de la media de la UE (81% y 86% de la población, respectivamente). Además, la velocidad media de la banda ancha fija en España está a la cabeza de los principales países de la Unión Europea.
Para seguir favoreciendo su despliegue, es imprescindible impulsar el desarrollo reglamentario de la Ley General de Telecomunicaciones de 2014, así como favorecer que los Ayuntamientos incorporen el mandato de la Ley a su normativa, entre otras medidas. Más que nunca, es necesario poner en marcha todos los instrumentos que el marco normativo prevé para hacer frente de manera adecuada y con las garantías precisas a todos los desarrollos de infraestructuras y servicios que va a requerir la nueva economía digital.
EL RETO DE LA DEMANDA
Pero si desde el lado de la oferta, de las infraestructuras, somos fuertes, los principales desafíos a los que debemos hacer frente los encontramos justamente en el lado de la demanda, ya que tienen que ver con el uso que ciudadanos y empresas hacemos de las tecnologías digitales.
En este sentido, por una parte, España necesita un compromiso mucho más activo y reforzado con el desarrollo de las competencias digitales, tanto de los usuarios como de las empresas, en su mayoría pymes. Además, fomentar el interés por el emprendimiento digital y la innovación para crear nuevos servicios digitales es una estrategia de futuro para crear los puestos de trabajo del mañana.
Por otra parte, incentivar a las pymes a dirigirse a un mercado potencial global, más allá de su país de origen, mediante una mayor armonización de la legislación y racionalización de la fiscalidad, es un paso importante para ayudar a las pequeñas empresas a aumentar su escala. Asimismo, fomentar la formación digital de los empleados y mayores incentivos para la inversión inicial ayudarán, probablemente, a medio y largo plazo. Además, existen posibilidades de cooperación entre las start-ups digitales y los grandes operadores, tanto para la aceleración como para el apoyo financiero.
En cualquier caso, la ambición de lograr la excelencia digital tiene que ser apoyada a todos los niveles, porque se trata de un asunto que nos concierne a todos: a los líderes y a los simples ciudadanos, a las empresas y a las Administraciones públicas, tanto estatal como territoriales, a los usuarios, a los estudiantes y a los trabajadores experimentados. Nadie debe quedar fuera y perder la oportunidad de abrazar plenamente la revolución digital.
Otro aspecto que aborda la consulta es el auge de la economía de los datos. A este respecto, asegurar que la innovación española y europea pueda tener acceso a suficientes datos resulta esencial. Para ello, se debe partir de unos principios consensuados y crear las condiciones adecuadas para que se generen nuevas ideas empresariales y que los beneficios potenciales alcancen a todos los sectores económicos.
Es imprescindible tener en cuenta que la economía del dato es un sector emergente. Por tanto, en este estadio, debe primar el respeto a las iniciativas privadas bajo los principios básicos de «mismos servicios, mismas reglas». Todos los agentes están explorando posibilidades y nadie, ni el regulador, ni las empresas son capaces de vislumbrar con seguridad hacia donde evolucionará el mercado, por lo que el respeto al libre pacto entre las partes es vital para ayudar a generar oportunidades de desarrollo. Además, existe una clara necesidad de simplificar y racionalizar las normas para el procesamiento de datos, en línea con el Reglamento General de Protección de Datos, sin obstaculizar la innovación.
«SAME SERVICES, SAME RULES»
Precisamente, en el ámbito de la regulación, cuestión también abordada en la consulta del Ministerio, es imprescindible intervenir para hacer realidad el principio de «same services, same rules», poniendo fin a la asimetría regulatoria en ámbitos como el de la fiscalidad, los derechos de los consumidores y las obligaciones impuestas sobre determinados operadores para la prestación de servicios que son ofrecidos hoy en día no sólo por los operadores de comunicaciones.
También la defensa de la competencia debe adaptarse al ámbito digital. En unos mercados en constante cambio y evolución, el derecho de competencia tiene las herramientas y el enfoque necesarios para poder identificar prácticas anticompetitivas, aunque su aplicación tendrá que ganar en agilidad. En paralelo, y si se viera que el derecho de competencia es insuficiente, habrá que analizar la conveniencia de una regulación basada en principios y con criterios de aplicación transparentes, con suma cautela, para no afectar a la innovación ni lastrar el crecimiento económico en este nuevo entorno.
Para concluir, Orange considera que la transformación digital debería ser una cuestión prioritaria en España, por la magnitud de los cambios y su alcance que afecta a todos los sectores. Por ello, cabría reforzar la capacidad de liderazgo y coordinación transversal de la Estrategia en un órgano gubernativo de rango adecuado, que tenga capacidad para eliminar las barreras identificadas así como mantener un diálogo abierto y continuo con todas las partes implicadas (Administración Pública, sector privado y ciudadanía) con vocación de alcanzar un consenso político y social que dé estabilidad a la propia Estrategia.
De esta manera, podríamos identificar mejor las oportunidades y retos que plantea la trasformación digital y tomar las medidas necesarias para garantizar una posición de preminencia en un entorno económico que abre infinidad de oportunidades para un país que cuenta con las premisas necesarias para triunfar.
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