Elon Musk dice que, si finalmente se hace con Twitter, volverá a activar la cuenta de Donald Trump y esta decisión plantea un complejo debate jurídico y social sobre la censura en redes sociales.
Musk cree que la suspensión definitiva del expresidente fue “una mala decisión moral y extremadamente absurda”, según ha declarado a Financial Times. El magnate, que se autodenomina «absolutista de la libertad de expresión», firmó recientemente un acuerdo para adquirir Twitter por 44.000 millones de dólares.
Esta decisión sería un jarro de agua fría sobre el sentimiento de alivio que se da entre muchos usuarios ante decisiones de este tipo, siempre que ellas no vayan en contra de sus ideas. Así, se festejó el bloqueo de las cuentas de Trump en Twitter, Facebook, Instagram y Youtube sin pensar en que, como afirma José María Lasalle en “El liberalismo herido”, con esta decisión se confirmaba el poder de las plataformas tecnológicas para ejercer una soberanía digital independiente de la soberanía democrática.
“La percepción de ingobernabilidad y riesgo de caos, así como el miedo que se propaga tan rápido como el coronavirus, favorecen que se difunda la idea de que necesitamos un Ciberleviatán que restaure el orden”, afirma Lasalle. “La pregunta que permanece en el aire es evidente: ¿qué habría sucedido si los líderes de estas compañías no hubieran alineado los intereses de las plataformas con los de la seguridad nacional?” Es difícil no sentir un escalofrío por la espalda al pensar en esa posibilidad.
la red social de trump
La suspensión del perfil en Twitter de Trump hizo que este pusiera en marcha su propia red social: Truth, que, en el día de su lanzamiento, se convirtió en la aplicación más descargada en la tienda de Apple de Estados Unidos.
Su éxito inicial estuvo bastante influenciado por la curiosidad de los periodistas y el entusiasmo de los partidarios de la derecha estadounidense, que estaban esperando la vuelta de su líder. Con este movimiento, Trump quiere desafiar a los gigantes de internet que lo expulsaron de las redes sociales más conocidas. Además de acreditar la reanudación de su actividad política.
debate democrático
Son distintos argumentos los que esgrimen los partidarios de decisiones de como la de suspender el perfil de Trump en Twitter, siendo los más habituales la consideración de las redes sociales como medios de información con líneas editoriales que les permiten decidir sobre sus contenidos y la existencia de unas condiciones generales de servicio, aceptadas por sus usuarios, que las habilitan para suspender cuentas que no las respeten.
Natalia Velilla, jurista y autora de “Así funciona la Justicia”, sale al paso del argumento según el cual Twitter, como empresa privada, tiene derecho a bloquear la cuenta de quien incumple las condiciones de uso de su plataforma, lo que ella llama el “derecho de las lentejas”. “Twitter –explica– es mucho más que una empresa privada que ofrece un entretenimiento o una difusión de contenidos. Es un foro público de titularidad privada, en el que cualquier persona puede convertirse en influencer, donde las instituciones como la Unión Europea o los Ministerios tienen cuentas oficiales y en la que se hace política y se generan noticias que posteriormente son recogidas en los medios de comunicación ordinarios. Dejar en manos de una empresa privada la decisión sobre el cierre de cuentas de forma unilateral bajo la premisa de considerar que subjetivamente se han incumplido las condiciones de uso es un peligro real para tratar de influir en corrientes sociológicas y en resultados electorales”.
una guerra de denuncia y censura
En esta línea también se manifiesta Borja Adsuara, experto en Derecho, Estrategia y Comunicación Digital quien cree que «lo mismo que hicieron con Trump, podían haberlo hecho o podrán hacerlo con Biden. Y si eso lo hicieron con el aún Presidente de EEUU, imagina lo que pueden hacer con el resto de los mortales, contigo y conmigo».
Por ello, no deja de sorprender que estas medidas sean celebradas desde el espectro político más progresista y liberal cuando podría interpretarse como la materialización del sueño más lúbrico del neoliberalismo: decisiones sobre derechos humanos -el derecho a la libertad de expresión- tomadas por corporaciones privadas sin ningún tipo de control ajeno a ellas.
El caso, es que decisiones la polémica surgida a partir de las declaraciones de Musk sobre restablecer el perfil de Trump en Twitter nos vuelven a confirmar que vivimos días extraños en los que, mientras la ciudadanía desconfía de sus instituciones, acepta, como si estuvieran escritas en piedra, las condiciones de uso de estos nuevos entes supranacionales que son Google, Facebook o Twitter. Al mismo tiempo que adopta una actitud crítica ante sus leyes, admite sin rechistar las caprichosas reglas de las grandes empresas de internet.
Sin embargo, con todas sus deficiencias, los estados y gobiernos –los democráticos- nacen de la voluntad y la acción de la ciudadanía y están sujetos a su control a través de distintas instituciones como la justicia o la prensa libre. ¿Podemos decir lo mismo de las grandes compañías de Internet? ¿Debemos cederles aún más poder sobre nuestras vidas o deberíamos impulsar un mayor control de su actividad por parte de los estados nacionales o entidades estatales supranacionales?